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La Orden de Protección es una medida judicial recogida en la Ley 1/2004 de 28 de diciembre en el artículo Artículo 62 que se fundamenta en recibida la solicitud de adopción de una orden de protección, el Juez de Violencia sobre la Mujer y, en su caso, el Juez de Guardia, actuarán de conformidad con lo dispuesto en el artículo 544 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

La orden de protección constituye un nuevo un instrumento legal diseñado para proteger a la víctima de la violencia doméstica frente a todo tipo de agresiones.

Para ello, la orden de Protección concentra en una única e inmediata resolución judicial la adopción de medidas de naturaleza penal y civil, y activa al mismo tiempo los mecanismos de protección social establecidos a favor de la víctima por el Estado, las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales.

De esta manera, la orden de Protección se configura como uno novedoso sistema de coordinación de los órganos judiciales y administrativos que deben conocer de las diferentes facetas de protección.

El procedimiento establecido para su adopción es particularmente simple y rápido, dirigido  a proporcionar protección inmediata.

La concesión de la Orden de Protección proporciona protección integral a la víctima de la Violencia doméstica consistente en Protección Física ( evitar que el agresor pueda acercarse en el futuro a la víctima y cometer nuevas agresiones), Protección Jurídica (Posibilitar que la víctima obtenga inmediatamente seguridad jurídica, a través de atribución inicial de la vivienda familiar, concesión de la custodia de los hijos, etc..) y Protección Social (la orden de protección activa las prestaciones sociales establecidas a favor de la víctima por El Estado, Las Comunidades Autónomas y Las Corporaciones Locales en particular se activará el derecho a obtener la Renta Activa de Inserción gestionada por el INEM.

La orden de Protección además supone nuevos instrumentos de coordinación en la asistencia a la víctima y la Lucha contra la Violencia Doméstica como Medidas Sociales como activar los mecanismos de protección social a favor de la víctima, además Medidas Penales como prisión provisional, Prohibición de aproximarse, prohibición de residencia, prohibición de comunicarse y otras medidas y por último Medidas Civiles como suspensión del régimen de visitas, retirada de custodia, atribución del uso y disfrute del domicilio, fijación de prestación alimenticia y régimen de estancia (Las medidas civiles acordadas se remiten al Juzgado de Primera Instancia que conozca del procedimiento civil para su ratificación, modificación o cesación.

Por último indicar que el procedimiento para la adopcíón de la Orden de Protección se caracteriza por la sencillez y agilidad, tramitándose desde la solicitud hasta su resolución durante el servicio de Guardia Judicial.

La Orden de protección la puede presentar la propia víctima, el Ministerio Fiscal, un pariente o adoptada por el Juez y se puede presentarse en Comisaría de Policía, en el Juzgado o Fiscalía, Oficinas de Atención a las Víctimas o los Servicios Sociales.

 

¿QUE ES LA ORDEN DE PROTECCION?

 

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