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Para una mayor aclaración de la consulta planteada, nos remitiremos a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, promulgada por el RD  de 14 de Septiembre de 1882.

 

Artículo 553. Los Agentes de Policía podrán, asimismo, proceder de propia autoridad a la detención de las personas cuando haya mandamiento de prisión contra ellas, cuando sean sorprendidas en flagrante delito, cuando un delincuente inmediatamente perseguido por los Agentes de la Autoridad, se oculte o refugie en alguna casa o, en casos de excepcional o urgente necesidad, cuando se trate de presuntos responsables de las acciones a que se refiere el artículo 384 bis, cualquiera que fuese el lugar o domicilio donde se ocultasen o refugiasen, así como el registro que, con ocasión de aquella, se efectúe en dichos lugares y a la ocupación de los efectos e instrumentos que en ellos se hallasen y que pudieran guardar relación con el delito perseguido.

 

Del registro efectuado conforme a lo establecido en el párrafo anterior, se dará cuenta inmediata al Juez competente, con indicación de las causas que lo motivaron y de los resultados obtenidos en el mismo, con especial referencia a las detenciones que, en su caso, se hubieran practicado. Asimismo, se indicarán las personas que hayan intervenido y los incidentes ocurridos. En general se considera delito flagrante el que se está cometiendo o se acaba de cometer cuando el autor o autores son sorprendidos.

Según Jurisprudencia del Tribunal Supremo (Sentencia de 22 de Febrero de 1990) son requisitos fundamentales del delito flagrante:

 

 

a) Inmediatez temporal: Esto es, que el delito se esté cometiendo o que se haya cometido poco antes.

b) Inmediatez Personal: Que el delincuente se encuentre allí en ese momento y en situación tal con relación al objeto o a los instrumentos del delito que ello ofrezca una prueba de su participación en el hecho.

c) Necesidad urgente de intervención: De tal modo que la Policía, por las circunstancias concurrentes en el hecho concreto se vea impelida a intervenir inmediatamente con el doble fin de, poner término a la situación existente impidiendo en todo lo posible la propagación del mal que la infracción penal acarrea y de conseguir la detención.

 

 

 

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