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Todas las intervenciones que implican la aplicación de la normativa y que no acaban en un procedimiento judicial penal son competencia de la policía administrativa. Todos los cuerpos y fuerzas de seguridad tienen la obligación de intervenir como denunciantes de las infracciones que conozcan (se tenga o no competencia).

La normativa administrativa es suficientemente extensa como para tener un dominio absoluto de toda. A veces será más importante identificar que son infracciones y saber realizar la búsqueda de la normativa, que no inhibirse por desconocimiento de los artículos concretos que regulan la materia.

La Policía Administrativa es una de las formas de actividad administrativa que consiste en la intervención o limitación de la actividad de los particulares por razones de interés general, para armonizar el interés público con el interés privado.

Otra definición con criterios más particulares podría ser: “la policía administrativa es la herramienta ejecutiva -aunque también trabaja “a priori” durante el expediente- de las resoluciones de la Administración que tiene encomendado el correcto cumplimiento del ordenamiento jurídico, denunciando en cada caso sus incumplimientos”.

Esta definición nos introduce la idea de un grupo de trabajo con tareas propias de inspección e investigación encaminadas a denunciar los hechos constitutivos de falta administrativa.

De aquí viene su necesidad, ya que la Administración inicia un expediente a consecuencia de una información que conoce. En cambio, la policía administrativa no espera a recibir esta información para actuar, sino que actúa y trabaja siempre inspeccionando e investigando en aquellas materias que le son propias.

Competencias

La normativa que se ha de aplicar en cada caso está definida por las diferentes administraciones competentes en cada tema:

        * Competencias exclusivas del Estado: los cuerpos policiales estatales realizan funciones de policía administrativa en aquellas competencias exclusivas que están recogidas en el artículo 149 de la Constitución.
        * Competencias autonómicas: la policía autonómica realiza funciones de policía administrativa en las materias en las cuales la Administración Autonómica tiene competencias., y se limita a denunciar los hechos constitutivos de falta en los temas en los cuales la competencia no le ha sido transferida. Todos los agentes del Cuerpo de la Policía Canaria, en un momento determinado, pueden desarrollar funciones de policía administrativa, tanto si están encuadrados dentro de un grupo con tareas administrativas propias, como si no.
        * Competencias de las entidades locales: las competencias de los municipios están establecidas por los artículos 25 y 26, de la Ley 7/85, de bases de régimen local,  Según el artículo 53.1 d de la Ley Orgánica 2/86, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, los cuerpos de Policía Local han de ejercer la función de policía administrativa, para asegurar el cumplimiento de los reglamentos, las ordenanzas, los bandos, las resoluciones, otras disposiciones y los actos municipales de acuerdo con la normativa vigente, en su ámbito de actuación y competencia.

 El procedimiento administrativo está marcado por la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.

    Esta normativa se caracteriza por:

        * es de carácter general al no existir otras específicas
        * es supletoria de las normas que regulan los procedimientos administrativos en las corporaciones locales y en los organismos autónomos

    La ley regula la intervención de la policía administrativa:

        * antes de la apertura de un expediente administrativo
        * durante el expediente
        * en la aplicación de las resoluciones

    La policía administrativa trabaja:

        * de oficio
        * a partir de la tramitación de denuncias de particulares
        * a partir de demandas de la administración

    En cualquiera de las tres modalidades la policía administrativa está obligada a hacer una inspección o a iniciar una investigación que finalizará con la elaboración de un informe o un acta de inspección, realizados por ellas misma y que tendrá que enviar a la Administración competente a fin que ésta decida si los hechos expuestos pueden ser constitutivos de alguna falta.

    La administración puede:

       1. archivar el caso
       2. abrir una información reservada
       3. abrir un expediente administrativo

    La resolución del expediente puede implicar:

        * Constreñimiento sobre el patrimonio
        * Ejecución subsidiaria
        * multa coercitiva
        * compulsión sobre las personas



 

 

 

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